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EL DAÑO DE CUIDAR

Queremos manifestar nuestro profundo pesar y molestia frente a la trágica decisión de Gonzalo, estudiante ejemplar del Liceo Alianza Francesa de Vitacura, con una gran preocupación por sus estudios con una familia cercana y comprometida, quien fue llevado a una trágica situación límite luego de que la institución educativa a la que pertenecía le hubiese encontrado relacionado al uso de cannabis sativa, lo que implicó que fuese reprendido y denunciado por su establecimiento educacional a carabineros –Gonzalo salió escoltado por carabineros del colegio- para luego ser sancionado con una expulsión de nueve días, frente a lo cual y sin otro motivo aparente ni antecedentes psiquiátricos, tomo la decisión de terminar con su vida.

Como Latinoamérica Reforma no validamos ni apoyamos el tráfico de sustancias psicoactivas, pero abogamos por una sociedad basada en los derechos, donde cobra especial relevancia la protección de los niños y niñas que lamentablemente incurren en prácticas de este tipo. Es responsabilidad de todos y todas su protección, sin embargo, en dicha tarea tienen un deber fundamental las agencias tutelares y protectoras como la escuela en este caso, que poseen (o que todas debieran poseer) protocolos definidos respecto a cómo conllevar estas situaciones resguardando la integridad física y psicológica del ser humano que les ha sido confiado para aportar a su desarrollo.

Cuando existen conductas autolesivas o ilícitas, se vuelve un menester, velar por la integridad de dicha persona, por su cobijo y amor, para que dichos errores sean fuente de aprendizaje, una oportunidad para hablar de cómo nos cuidamos y no de cómo excluimos para castigar. Es preciso atender a las motivaciones y la conciencia con que el sujeto ve la situación y solo en casos extremos se debe intervenir con procedimientos más fríos y arriesgados, caso que no corresponde para un joven que portaba menos de dos gramos de marihuana, que no portaba armamento y que no generó daños a otros.

Cuando Gonzalo/un estudiante es sacado de clases acompañado de un uniformado para ser denunciado, sin considerar protocolos humanos que amortigüen la situación, se afecta públicamente su imagen, así como su autoconcepto y autoestima, se le genera un daño irreparable dentro de su historia de vida, un recuerdo triste capaz de alterar su cotidianidad, lo que en pleno cambio de la niñez a la adultez significa un verdadero torbellino de fantasías fatalistas desbordantes, que se conjugan con crisis normativas y situacionales características de dicha edad, momento de la vida en que nuestra imagen, cuerpo y la validación social son objetivos del desarrollo que generalmente cursan con angustia, miedos y sentimientos de soledad e incomprensión.

El rol de las agencias fiscalizadoras y de control dentro de estas situaciones no es menor, cuando hablamos de procedimientos policiales –aún sin considerar el que en este caso son efectuados sobre un menor de edad-, éstos deben ser lo más justos y protocolares posibles. Resulta una vergüenza que la pocas veces criticada, alarmante e ilógica práctica de “pesar lo incautado en su contenedor” haya ocurrido nuevamente en este caso, ya que para un joven que sabe que posee menos de dos gramos de marihuana, el que las autoridades indiquen que lo que él portaba superó los 60 gramos puede generar sentimientos de anulación, frustración y desesperación capaces de desencadenar trastornos y conductas de riesgo. Sólo imagínense un caso en que los detienen por andar con las luces del vehículo apagadas una noche pero le dicen que sus focos están rotos aunque estos enciendan en el momento ¡y encima acusan que usted está ebrio o ebria! por lo que frente a la imposibilidad de desmentir a la autoridad usted debe suponer que su falta ahora será un delito, lo que en términos penales son diferencias entre multas y años de aislamiento, esto resultaría impactante para cualquiera que se encontraba en su cotidianidad, en su espacio protegido, en su mundo.

Aquí hay que preguntarse por la intención, pertinencia y monitoreo de los procedimientos y protocolos de acción, ya que sin ser experto en física, todo ser humano con un grado intermedio de instrucción sabría que si se pesa un vaso de vidrio con agua se tendrá el peso total del agua más el del vaso de vidrio, que o se pesa el agua sola o se resta el peso del contenedor. A partir de estas reflexiones se debiera poner en tela de juicio la cantidad de peso informado en los decomisos anuales de sustancias psicoactivas, no vaya a ser que las agencias de control de sustancias nos informen de toneladas de tierra, maceteros, frascos de vidrio y ramas incautadas a abuelitas, estudiantes y trabajadores junto con datos de los kilos de marihuana y pasta base que recolectan de los traficantes y proveedores de turno.

Esta historia/La historia de Gonzalo es un matiz polarizado de muchos usuarios y usarías de sustancias psicoactivas, quienes viven en la confrontación de sus decisiones personales y las políticas gubernamentales prohibicionistas, donde se criminaliza el uso de sustancias psicoactivas y que con dicho dictamen permean las diferentes instituciones sociales de Chile, para vulnerar finalmente los derechos humanos universales y las libertades constitucionales.

La estigmatización de los y las usuarias de sustancias psicoactivas es uno de los mayores daños que reproduce la política pública prohibicionista y punitiva que impera en nuestro país, con mensajes despectivos y de criminalización que validan prácticas como “pesar con contenedores” sobre sujetos que más que ser vulnerables son vulnerados y que estadísticamente en un porcentaje mayor al 90% no son usuarios ni usuarias problemáticas, sino profesionales, artistas, religiosos y religiosas, trabajadores y trabajadoras, deportistas, familiares y amistades, funcionales al sistema social, personas maravillosas y con defectos también. Estas personas y situaciones ya no son invisibilizadas ni lo volverán a ser, ya que habemos organizaciones con la convicción de construir una donde seamos más humanos y justos, donde denunciar estas prácticas es un deber de todos y todas.



Felipe Pereira Godoy.
Psicólogo Social Comunitario
Diplomado en intervención social, políticas públicas, gestión de daños y riesgos en drogodependencias.
 
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